La Federación reclama a las Administraciones Públicas prevención real, adaptación de jornadas y una protección homogénea frente a unos episodios que ya no pueden tratarse como excepcionales
Las olas de calor, los incendios forestales y las temperaturas extremas están afectando cada vez con mayor intensidad a las condiciones de trabajo.
FAC-USO advierte de que el calor ha dejado de ser una simple cuestión de incomodidad para convertirse en un riesgo laboral que puede provocar deshidratación, agotamiento, accidentes, agravamiento de patologías previas y golpes de calor potencialmente mortales.
Según los datos recogidos en un reciente análisis jurídico publicado por Economist & Jurist, más de 5,5 millones de personas trabajadoras aseguran estar expuestas a temperaturas extremas durante su jornada, lo que representa aproximadamente el 26 % de la población ocupada española.
El cambio climático está aumentando la frecuencia y duración de estos episodios y obliga a empresas y Administraciones a abandonar la improvisación y anticiparse al riesgo.
Para FAC-USO, la conclusión es clara: el calor extremo debe integrarse de manera permanente en las evaluaciones de riesgos, en la planificación preventiva y en la organización del trabajo.
No es aceptable esperar a que se produzca una avería en la climatización, una alerta meteorológica o un primer desvanecimiento para comenzar a adoptar medidas.
Las Administraciones tienen la obligación de proteger
La normativa de prevención establece que las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no pueden suponer un riesgo para la seguridad y la salud. En los trabajos al aire libre o en espacios que no puedan permanecer cerrados, la evaluación debe tener en cuenta la temperatura, la exposición solar, el esfuerzo físico, las características de la tarea y las condiciones personales de quienes la realizan.
Cuando los avisos meteorológicos alcancen el nivel naranja o rojo y las medidas existentes no garanticen una protección suficiente, resulta obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de la jornada. También pueden prohibirse determinadas tareas durante las horas de mayor riesgo cuando no exista otra forma de proteger a la plantilla.
Esto obliga a las Administraciones y entidades empleadoras a evaluar y actualizar el riesgo por estrés térmico, reorganizar horarios y turnos, reducir la exposición, incrementar las pausas, facilitar agua fresca, habilitar zonas de descanso sombreadas o climatizadas, proporcionar ropa y equipos adecuados y reforzar la protección de las personas especialmente sensibles.
La prevención tampoco puede limitarse a entregar botellas de agua o recomendar prudencia. Debe existir una respuesta organizada, conocida por toda la plantilla y negociada con los delegados y delegadas de prevención.
Riesgo grave e inminente: el trabajo puede interrumpirse
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce el derecho de la persona trabajadora a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que existe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
Esta posibilidad no debe utilizarse de manera arbitraria, pero tampoco puede quedar anulada por el miedo a una sanción cuando las condiciones resulten realmente peligrosas.
La existencia de temperaturas extremas, esfuerzo físico intenso, falta de agua, ausencia de descansos, síntomas compatibles con un golpe de calor o incumplimiento de los protocolos puede determinar la existencia de ese riesgo, que deberá comunicarse de inmediato a la persona responsable y a la representación preventiva.
FAC-USO recuerda que, ante mareos, dolor de cabeza, náuseas, calambres, confusión, debilidad extrema o ausencia de sudor, debe detenerse la actividad, buscar un lugar fresco, hidratarse, avisar inmediatamente y solicitar asistencia sanitaria.
Qué cubre realmente el permiso climático
FAC-USO considera necesario diferenciar las medidas preventivas frente al calor del denominado permiso climático.
El artículo 37.3 g) del Estatuto de los Trabajadores reconoce un permiso retribuido de hasta cuatro días cuando resulte imposible acceder al centro de trabajo o circular por las vías necesarias para acudir a él como consecuencia de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de las autoridades, o cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente derivada de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.
Si las circunstancias continúan, el permiso puede prolongarse mientras persistan las causas que lo justifican, sin perjuicio de las medidas de suspensión contractual o reducción de jornada por fuerza mayor que puedan aplicarse. Cuando el puesto sea compatible con el trabajo a distancia y existan los medios necesarios, la empresa podrá establecer esta modalidad.
Por tanto, una alerta naranja o roja por calor no activa automáticamente un permiso general para todas las personas trabajadoras. Lo que sí activa es la obligación de revisar la evaluación y adaptar las condiciones cuando las medidas preventivas no sean suficientes. El permiso retribuido entrará en juego cuando exista imposibilidad de desplazamiento, restricciones oficiales o una situación acreditable de riesgo grave e inminente.
El empleo público continúa necesitando una regulación homogénea
FAC-USO viene denunciando que el permiso climático fue incorporado al Estatuto de los Trabajadores, pero no se ha trasladado expresamente al Estatuto Básico del Empleado Público.
Esta carencia provoca que una parte del personal funcionario y estatutario dependa de instrucciones puntuales, resoluciones territoriales o decisiones adoptadas a última hora por cada Administración, mientras que las personas sometidas a la legislación laboral cuentan con una regulación estatal más clara.
La Federación vuelve a reclamar la modificación del TREBEP para reconocer expresamente este derecho y garantizar seguridad jurídica, igualdad de trato entre Administraciones, prioridad del teletrabajo cuando resulte viable y suspensión o reorganización de la actividad cuando exista peligro para la salud.
La continuidad de los servicios públicos no puede utilizarse como argumento para mantener la actividad a cualquier precio. Precisamente porque muchos de estos servicios son esenciales, deben disponer de más planificación, más personal, mejores medios y protocolos conocidos con antelación.
Protocolos negociados antes de que llegue la ola de calor
La Confederación USO ha presentado un modelo de protocolo frente a las olas de calor para que pueda ser negociado por comités de empresa, secciones sindicales y delegados de prevención.
Entre sus propuestas se encuentra la implantación de planes de aclimatación progresiva para las personas recién contratadas o que regresen después de un periodo de ausencia.
El organismo puede necesitar entre siete y catorce días para adaptarse al trabajo en ambientes calurosos, por lo que USO propone limitar inicialmente el tiempo de exposición e incrementarlo de forma gradual. También reclama agua fresca permanentemente accesible, refugios climáticos, vigilancia mutua entre compañeros y procedimientos claros ante los primeros síntomas.
FAC-USO considera especialmente expuestos al personal de mantenimiento, limpieza viaria, recogida de residuos, jardinería, ayuda a domicilio, servicios postales, emergencias y protección civil, bomberos forestales, aeropuertos y otros servicios que se desarrollan en exteriores.
Pero el problema también afecta a oficinas, juzgados, centros sanitarios, residencias, centros penitenciarios y edificios públicos con sistemas de climatización insuficientes o averiados.
La Federación ya ha denunciado situaciones similares entre las auxiliares de ayuda a domicilio, que deben desplazarse entre viviendas sin poder acceder siempre a agua, zonas climatizadas o pausas suficientes, así como en numerosos centros públicos con deficiencias de climatización.
Qué hacer cuando no se adoptan medidas
FAC-USO recomienda comunicar por escrito la situación a la persona responsable, informar al servicio de prevención, contactar con los delegados y delegadas de prevención y solicitar una evaluación específica del riesgo por estrés térmico.
Si la situación continúa, deben exigirse medidas preventivas inmediatas. Cuando el riesgo sea grave e inminente, la normativa permite interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo, comunicándolo de inmediato.
El nuevo material informativo elaborado por FAC-USO resume esta ruta de actuación y reclama protocolos que establezcan criterios de activación, adaptación de horarios, pausas, rotación o suspensión de tareas, acceso permanente a agua, equipos adecuados, protección de las personas sensibles, formación y registro de los incidentes relacionados con el calor.
FAC-USO reclama actuar antes de que se produzca el daño
FAC-USO exige a todas las Administraciones Públicas:
- Protocolos frente al estrés térmico negociados con la representación sindical.
- Evaluaciones específicas y actualizadas del riesgo por calor.
- Adaptación inmediata de horarios, jornadas y tareas durante las alertas.
- Agua potable, pausas suficientes y espacios de descanso climatizados.
- Protección reforzada para el personal especialmente sensible.
- Formación práctica para toda la plantilla y sus responsables.
- Investigación y registro de los incidentes y daños relacionados con el calor.
- Incorporación expresa del permiso climático al TREBEP.
USO ha advertido de que muchas empresas siguen sin cumplir plenamente las obligaciones introducidas en 2023 y reclama evaluaciones reales, horarios adaptados, descansos remunerados, espacios climatizados, registro de incidentes y paralización con salario íntegro cuando exista un peligro grave. También reclama una actuación más intensa de la Inspección de Trabajo y sanciones frente a los incumplimientos.
El calor no se combate con improvisación. Las olas de calor pueden preverse y sus consecuencias laborales también. La prevención debe activarse antes de que el termómetro ponga en peligro la salud o la vida de una persona trabajadora.
Descarga aquí el triptico FAC-USO.
