El sindicato exige activar su negociación antes del 5 de diciembre para prevenir los accidentes laborales durante los desplazamientos al trabajo
FAC-USO hace un llamamiento a las Administraciones Públicas y a su representación sindical para impulsar, sin más demoras, la elaboración y negociación de los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo, cuyo plazo legal de implantación finaliza el próximo 5 de diciembre de 2026.
Estos planes no pueden entenderse únicamente como una medida medioambiental ni limitarse a la redacción de un documento formal. Deben convertirse en una auténtica herramienta de prevención de riesgos laborales, capaz de reducir los accidentes durante los desplazamientos, mejorar la seguridad vial y proteger la salud y la calidad de vida de las personas trabajadoras.
Una obligación legal que afecta también al sector público
La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, establece que las empresas y entidades pertenecientes al sector público deben disponer de Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo para los centros con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno cuyo centro habitual sea dicho centro de actividad.
Esta obligación alcanza a numerosos centros de las Administraciones Públicas, como grandes edificios administrativos, hospitales, universidades, consejerías, delegaciones territoriales, organismos autónomos, diputaciones, ayuntamientos y otras entidades del sector público.
Aunque la Ley establecía inicialmente un plazo de 24 meses, el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, lo redujo a doce meses. Por tanto, los centros obligados deberán disponer de sus planes antes del 5 de diciembre de 2026.
FAC-USO ya advirtió en marzo de la necesidad de comenzar inmediatamente su negociación.
Ahora, ante la proximidad del plazo, el sindicato insiste en que las Administraciones no pueden esperar a los últimos meses ni aprobar planes improvisados, genéricos o carentes de participación sindical.
Los desplazamientos al trabajo también son prevención
Los datos oficiales demuestran la importancia preventiva de esta cuestión.
Durante 2025 se produjeron en España 90.548 accidentes de trabajo con baja in itinere, es decir, durante el desplazamiento de ida o vuelta al trabajo. De ellos, 949 fueron graves y 151 mortales.
Además, los accidentes in itinere aumentaron respecto al año anterior, lo que confirma que la movilidad laboral continúa siendo uno de los grandes retos pendientes de la prevención de riesgos laborales.
Para FAC-USO, cada accidente sufrido durante el desplazamiento al trabajo obliga a analizar las condiciones en las que se mueve el personal: horarios, accesos, transporte disponible, trabajo nocturno o a turnos, fatiga, tiempos de desplazamiento y características específicas de cada centro.
La movilidad al trabajo debe incorporarse a la gestión preventiva de las Administraciones Públicas y abordarse en los Comités de Seguridad y Salud, con una evaluación específica del riesgo vial laboral.
Los planes deben negociarse con la representación del personal
La normativa establece expresamente que los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo deben ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras.
Por ello, FAC-USO reclama que las Administraciones identifiquen inmediatamente los centros afectados y constituyan las correspondientes comisiones o mesas de negociación, garantizando la participación de los delegados y delegadas sindicales y de prevención desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación de resultados.
La participación sindical resulta imprescindible para evitar que estos planes se elaboren desde un despacho sin conocer los problemas reales de acceso, los horarios del transporte público, las condiciones del personal a turnos o las dificultades de las personas con discapacidad o movilidad reducida.
FAC-USO anima a sus delegados y delegadas a solicitar formalmente la apertura de la negociación y a incorporar esta cuestión tanto a las mesas correspondientes como a los Comités de Seguridad y Salud.
Diagnosticar primero para actuar sobre los riesgos reales
Antes de aprobar medidas, cada Administración debe realizar un diagnóstico específico de la movilidad de su plantilla y de las características del centro.
Ese diagnóstico debería analizar, entre otras cuestiones:
- el número de personas que trabajan en cada centro y su distribución por turnos;
- los medios de transporte utilizados;
- los tiempos medios de desplazamiento;
- los accidentes in itinere y en misión registrados;
- los accesos peligrosos y puntos negros;
- las necesidades del personal con discapacidad o movilidad reducida;
- las dificultades asociadas al trabajo nocturno o a turnos;
- y los desplazamientos que deben realizarse durante la jornada laboral.
Los datos deberán tratarse siempre de manera agregada y respetando la privacidad de las personas trabajadoras.
Las propuestas de FAC-USO para una movilidad segura y sostenible
FAC-USO considera que los planes deben adaptarse a la realidad de cada centro e incorporar actuaciones concretas, evaluables y dotadas de medios suficientes.
Entre las medidas que deben negociarse se encuentran la mejora de la iluminación, las aceras, los pasos de peatones, la señalización, los carriles bici, los aparcamientos y la accesibilidad de los accesos a los centros públicos.
También deben establecerse mecanismos de coordinación con los ayuntamientos y con las empresas operadoras de transporte para adaptar rutas y horarios, especialmente en hospitales, grandes edificios administrativos, centros alejados de los núcleos urbanos y servicios con trabajo nocturno o a turnos.
FAC-USO propone, además:
- facilitar y promover el uso del transporte público;
- crear servicios de lanzadera cuando sean necesarios;
- negociar abonos o descuentos de transporte;
- habilitar aparcamientos seguros para bicicletas;
- establecer itinerarios peatonales seguros;
- impulsar sistemas organizados de vehículo compartido;
- escalonar las entradas y salidas para evitar horas punta;
- favorecer la flexibilidad horaria;
- utilizar el teletrabajo cuando sea compatible con las funciones del puesto;
- y ofrecer formación específica en seguridad vial laboral.
La formación debería abordar cuestiones como la fatiga, las distracciones al volante, el uso de dispositivos móviles, las condiciones meteorológicas adversas, la conducción segura y la prevención de accidentes tanto in itinere como en misión.
Protección específica para el personal más expuesto
Los planes deberán prestar una atención especial a los colectivos que, por sus funciones o condiciones de trabajo, soportan una mayor exposición al riesgo vial.
Entre ellos se encuentra el personal sanitario, de Justicia, servicios sociales, inspección, vigilancia, mantenimiento, emergencias, policía local, atención domiciliaria o cualquier otro que deba realizar desplazamientos frecuentes durante su jornada.
También deben contemplarse medidas específicas para el personal nocturno o a turnos, las trabajadoras embarazadas y las personas con discapacidad o movilidad reducida.
Cuando el trabajo exija desplazamientos en misión, la Administración deberá garantizar vehículos adecuadamente mantenidos, rutas correctamente planificadas y tiempos suficientes, evitando que la presión de trabajo o el cumplimiento de horarios fomente una conducción apresurada o insegura.
Seguimiento y evaluación para que los planes no queden en papel mojado
FAC-USO reclama que cada Plan de Movilidad incluya indicadores que permitan comprobar su eficacia y un sistema periódico de seguimiento de la siniestralidad.
Deberán analizarse anualmente los accidentes in itinere y en misión, su gravedad, las causas, los horarios en los que se producen y los medios de transporte implicados.
Los resultados deben examinarse en los órganos de participación y prevención, permitiendo modificar las medidas cuando no resulten eficaces.
Un buen Plan de Movilidad no consiste en redactar un documento y guardarlo en un cajón. Debe traducirse en menos accidentes, desplazamientos más seguros, mejores accesos y una organización del trabajo compatible con la protección de la salud.
FAC-USO: «No basta con cumplir el plazo, hay que proteger a las personas»
Desde la Secretaría de Prevención y Salud Laboral de FAC-USO se insiste en que el próximo 5 de diciembre no debe convertirse únicamente en una fecha de cumplimiento administrativo.
Las Administraciones deben aprovechar esta obligación para integrar definitivamente la movilidad en su política preventiva y para mejorar las condiciones cotidianas en las que miles de personas se desplazan a sus puestos de trabajo.
FAC-USO continuará impulsando la negociación de estos planes y apoyando a sus delegados y delegadas para que incorporen medidas preventivas reales, adaptadas a cada centro y acordadas con la representación del personal.
Porque cada desplazamiento seguro es un accidente menos y la prevención también debe acompañarnos en el camino al trabajo.
