Las muertes de dos trabajadoras de la salud en Nigeria, Saifura e Hauwa, son los últimos y trágicos ejemplos de cómo puede ser violenta la prestación de servicios públicos. Sin embargo, en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debemos recordar que no es solo en condiciones extremas en zonas de conflicto donde ocurre la violencia en el lugar de trabajo.
Hace unos meses, dos jóvenes trabajadoras de la salud fueron ejecutadas por una facción de Boko Haram, en Nigeria. Saifura Hussaini Ahmed Khorsa, de 25 años, y Hauwa Mohammed Liman, de 24. Ambas trabajaban como comadronas para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el estado de Borno y habían sido secuestradas en marzo junto con la enfermera Alice Loksha, de UNICEF, que todavía está viva.
En el momento del secuestro, las tres proporcionaban atención prenatal esencial a las comunidades de Rann – una pequeña ciudad cuya población se ha más que duplicado después de convertirse en el hogar de un campamento para cerca de 45.000 desplazados internos. Saifura, como dijo su padre, “quería servir a la humanidad”.
Las muertes de Saifura e Hauwa son los últimos y trágicos ejemplos de cómo puede ser violenta la prestación de servicios públicos. Sin embargo, no es solo en condiciones extremas en zonas de conflicto donde ocurre la violencia en el lugar de trabajo – aunque sí sea el sector de la salud, con predominancia de fuerza de trabajo femenina, el más particularmente afectado.
Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la violencia en este sector refleja 25% del total de las agresiones que tienen lugar en el trabajo.
“La violencia no únicamente viene de quienes están involucrados directamente en las relaciones laborales, como jefes y colegas; sino de pacientes, familiares y visitantes”, recuerda Irene Khumalo, la flamante presidenta del Comité Mundial de Mujeres de la ISP, del Sindicato Democrático de Enfermeras de Suazilandia, para quien esta situación se agudiza durante guerras, conflictos internos y crisis económicas.
Convenio OIT
Delante de eso, en este “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, la ISP quiere reforzar su compromiso relativo a la discusión y posible adopción en 2019, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de un “Convenio y Recomendación para poner fin a la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo”.
Para nosotros, dicho convenio debe ser recibido como la síntesis de la lucha llevada, ya hace un tiempo, por las mujeres del movimiento sindical internacional para poder contar con un instrumento que aborde la violencia basada en el género, como un factor transversal y sistémico en el mundo del trabajo.
De hecho, este camino de las mujeres trabajadoras empezó mucho antes de 2015 cuando el Consejo de Administración de la OIT tomó la decisión de poner en agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), en 2018, la primera discusión del instrumento, partiendo de la violencia de género y ampliado su ámbito, forma y contenido para abarcar al mundo de trabajo como un todo, abordando la violencia en sus múltiples determinaciones.
Justicia Fiscal
La ISP aboga que sólo con recursos suficientes los servicios fundamentales para la vida, como el de la salud, tendrán las bases materiales para desarrollarse libres de violencia hacia quienes laboran, como hacia quienes los utilizan – pero así mismo, desarrollar las políticas públicas necesarias para edificarse como servicios públicos con respuestas de género.
En esta perspectiva, como resalta su secretaria general Rosa Pavanelli, “la ISP es parte del movimiento global por Justicia Fiscal, para lograr que los Estados recuperen los recursos que les son sustraídos, a través de la elusión y evasión fiscal, que va directamente en perjuicio de su inversión en servicios públicos de calidad”.
Marginados
Así mismo, es fundamental, además, “continuar con el trabajo para lograr la plena integración de trabajadoras y trabajadores jóvenes, migrantes, pertenecientes a pueblos indígenas y afros; así como LGBTI, en un listado específico de grupos en situación de vulnerabilidad frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, dice Clare Middlemas, representante joven ante el Comité Ejecutivo Mundial de la ISP, del sindicato SPSF de Australia.
