En una decisión histórica, y luego de décadas de esfuerzos por parte de sindicatos del sector público y organizaciones sociales, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el 18 de agosto el cierre de todas las prisiones federales privatizadas en el país.
La medida responde a una investigación que condena el deficiente desempeño de las prisiones con ánimo de lucro, comparadas con el sistema penitenciario gestionado públicamente.
En el anuncio de esta decisión, Susan Yates, Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, afirmó que las prisiones privadas “simplemente no ofrecen el mismo nivel de servicios penitenciarios, programas y recursos; no suponen un ahorro sustancial en costos; y… no mantienen el mismo nivel de seguridad y protección”.
El anuncio ha conmocionado a la industria; las acciones de las compañías privadas de prisiones se desplomaron hasta un 50 %, a pesar de que se están preparando para enfrentar la decisión.
Por su parte, los sindicatos representantes del personal de servicios penitenciarios alabaron el compromiso de cambio del Departamento de Justicia. “El funcionamiento de las prisiones privadas lleva tiempo siendo una mancha en el sistema de justicia penal de nuestro país. Las empresas de prisiones se han beneficiado del sufrimiento de nuestras comunidades y propician la encarcelación masiva”, afirma Lee Saunders, Presidente de la Federación Americana de Empleados de Municipios, Consejos y Estados, sindicato representante de, aproximadamente, 62 000 funcionarios penitenciarios y 23 000 empleados penitenciarios.
El Presidente Nacional de la Federación Americana de Empleados del Gobierno (American Federation of Government Employees – AFGE) J. David Cox Sr. y el Presidente del Consejo de la cárcel AFGE local, Eric Young dijeron: «Estamos encantados de que el Departamento de Justicia anunció el fin de la utilización de las prisiones privadas, y aplaudimos el Departamento de Justicia «.
«Esta es una decisión que restringe los intentos de los intereses privados de corromper el sistema judicial de Estados Unidos. Estamos ante una gran victoria de la justicia social en los Estados Unidos” afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP.
Número uno
Los Estados Unidos es el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo; en parte se debe a los incentivos sesgados de las prisiones privatizadas, que aumentan sus beneficios cuanto más largas sean las sentencias y más elevadas las tasas de encarcelamiento.
Las oportunidades de corrupción se han multiplicado: recientemente, un operador privado de prisiones fue sentenciado por sobornar a un juez para que enviara a más jóvenes a sus instalaciones.
Para los sindicatos, la decisión de cerrar las cárceles privadas marca un antes y un después en el debate general sobre la privatización.
“La decisión del Departamento de Justicia confirma lo que ya sabemos sobre la privatización: no ahorra dinero, no ofrece el mismo nivel de servicios y no garantiza la justicia social ni la equidad”, afirma Pavanelli.
Así lo confirman las conclusiones de un reciente estudio de la ISP que revela que las Asociaciones Público-Privadas no demuestran ningún ahorro de costos ni un aumento de la eficiencia y, en cambio, sí multiplican las oportunidades de corrupción.
La ISP siempre ha luchado contra los esfuerzos de los Estados Unidos y de otros países por ampliar el modelo de privatización de los servicios impulsado a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y acuerdos de comercio como el TISA. Esta decisión histórica supone un ejemplo valioso de cómo la privatización no cumple las expectativas.
El anuncio será seguido de cerca por responsables del gobierno, sindicatos y activistas sociales de todo el mundo y en distintos sectores donde las corporaciones privadas continúan intentando beneficiarse de los servicios públicos.
“Difundiremos esta noticia en otros países que también tienen prisiones privatizadas, sobre todo Sudáfrica y Australia. Las empresas con ánimo de lucro no tienen cabida en la gestión de los servicios penitenciarios”, concluye Pavanelli.
