La campaña “No es sano” busca sanear el modelo de innovación de los medicamentos. La iniciativa, promovida por una serie de organizaciones, a la que se ha sumado USO, pretende defender y promover el acceso universal a los medicamentos como parte indispensable del derecho a la salud.
El objetivo es, en el marco de las próximas elecciones generales, promover un debate público y político informado e impulsar el compromiso del gobierno, partidos políticos y otras instituciones por un cambio en el modelo de Innovación médica.
El modelo global de innovación y acceso a medicamentos está roto. En Europa, como en el resto del mundo, el precio de los nuevos fármacos crece cada año, amenazando la sostenibilidad de los sistemas de salud y obstaculizando el acceso de las poblaciones más vulnerables a tratamientos para enfermedades como el cáncer y la hepatitis C. Por otro lado, un sistema disfuncional de incentivos hace que no dispongamos de tecnologías sanitarias adecuadas y eficaces para enfermedades como el chagas o la malaria -que afectan fundamentalmente a países empobrecidos- o para amenazas globales crecientes como la multi-resistencia bacteriana.
Todo ello es resultado de un sistema de investigación y desarrollo ineficaz y costoso que en ocasiones está más interesado en proteger los derechos de propiedad intelectual que en garantizar la innovación de interés público y el acceso a los medicamentos. Esta situación es insostenible. Se necesita con urgencia una reforma del sistema que garantice el derecho a la salud y el acceso de la ciudadanía a los medicamentos que necesita a un precio asequible, al tiempo que reconoce el legítimo derecho de las compañías farmacéuticas a un beneficio razonable por su actividad.
Para alcanzar estos objetivos, la campaña hace un llamamiento al Gobierno, partidos políticos y a otras instituciones para que adopten medidas concretas:
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El primer paso es la introducción de transparencia en el sistema y garantizar un debate público informado. La sociedad tiene derecho a conocer:
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Los precios reales de transacción en la compra de medicamentos por parte del sistema público de salud.
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El detalle sobre las inversiones públicas e incentivos fiscales en I+D para conocer la trazabilidad de aquellos proyectos que resulten en tecnologías sanitarias comercializadas.
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El detalle sobre todos los datos clínicos así como los resultados y estructura de costes de los productos farmacéuticos financiados total o parcialmente con dinero público.
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La evaluación de tecnologías sanitarias para garantizar que solo se financien con dinero público aquellos medicamentos que tengan una ventaja terapéutica añadida.
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El detalle sobre el proceso de elaboración de las normas y leyes que afecten a este sector, incluyendo la exposición del personal de la Administración y del órgano legislativo a diferentes actores que intervienen en él y la declaración de conflictos de interés por parte de los participantes en la toma de decisiones.
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Es preciso introducir criterios de interés público para toda inversión realizada por el Estado, que afectan al precio final de los productos, el acceso de pacientes a ellos e, incluso, la propiedad misma de la innovación.
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Es necesario promover iniciativas de I+D basadas en nuevos modelos de innovación que no dependan exclusivamente de las patentes como incentivo a la investigación y modelo de negocio y que garanticen la cobertura universal de pacientes y enfermedades.
