FAC-USO reclama al Gobierno una regulación estable, negociada y garantista del trabajo a distancia en la Administración General del Estado, tras conocerse el Informe de Seguimiento correspondiente al mes de abril de 2026.
Según los datos publicados por la Secretaría de Estado de Función Pública, la AGE cuenta con 178.631 efectivos, de los que 93.600 prestan servicios en modalidad de trabajo a distancia. Esto supone un 52,4% del total de la plantilla, una cifra que confirma que el trabajo a distancia ha dejado de ser una fórmula excepcional para convertirse en una realidad plenamente asentada en la organización del empleo público estatal.
Para FAC-USO, estos datos demuestran que el teletrabajo funciona y que debe consolidarse como una herramienta útil para modernizar la Administración, mejorar la conciliación, favorecer la eficiencia organizativa y avanzar hacia un empleo público más adaptado a las necesidades reales de las plantillas.
Sin embargo, FAC-USO advierte de que esta consolidación no puede hacerse a costa de los derechos del personal ni quedar sometida a la discrecionalidad de cada departamento, organismo o responsable jerárquico.
El trabajo a distancia no puede depender del “jefe de turno”
El informe refleja que el trabajo a distancia tiene una implantación muy significativa, pero también evidencia diferencias por modalidades, género y tipología de puesto. De los 93.600 efectivos en trabajo a distancia, 54.297 son mujeres y 39.303 hombres. Además, la modalidad mayoritaria es la de presencia física tres días a la semana, con 53.098 efectivos, seguida de la modalidad excepcional, con 20.904, y de la presencia física dos días, con 19.598.
Por tipología de puestos, el trabajo a distancia se concentra principalmente en personal de apoyo administrativo, personal de gestión y mandos intermedios, mientras que su presencia es muy reducida entre el personal directivo.
FAC-USO considera que estos datos deben ser analizados con rigor, porque una implantación desigual o mal regulada puede generar diferencias injustificadas entre empleadas y empleados públicos, entre ministerios, entre organismos e incluso entre unidades administrativas dentro de una misma estructura.
“El trabajo a distancia no puede depender de criterios subjetivos, de interpretaciones restrictivas o de la voluntad del responsable de turno. Debe regularse con criterios objetivos, transparentes, homogéneos y negociados con la representación sindical”, defiende FAC-USO.
Modernización sí, recortes de derechos no
FAC-USO recuerda que durante la pandemia muchas empleadas y empleados públicos sostuvieron servicios esenciales trabajando desde sus domicilios, en muchas ocasiones con sus propios medios y sin una regulación suficiente. Ahora que el trabajo a distancia se ha consolidado, la Administración no puede limitarse a utilizarlo cuando le resulta conveniente ni retroceder hacia modelos de presencialidad obligatoria sin justificación.
Para FAC-USO, la cuestión no es enfrentar presencialidad y teletrabajo. La atención a la ciudadanía debe garantizarse siempre, pero eso no puede utilizarse como excusa para restringir derechos ni para impedir el acceso al trabajo a distancia en puestos que son perfectamente compatibles con esta modalidad.
El trabajo a distancia debe ser voluntario, reversible, regulado por escrito, compatible con la carrera profesional y acompañado de los medios técnicos necesarios. Además, debe garantizar la prevención de riesgos laborales, la desconexión digital, la protección frente a riesgos psicosociales y la igualdad de trato respecto al personal que presta servicios de forma presencial.
FAC-USO exige una regulación clara y negociada
FAC-USO reclama que el Gobierno abra una negociación real para dotar al trabajo a distancia en la AGE de un marco estable, homogéneo y garantista. Esta regulación debe incluir, al menos, criterios objetivos de autorización, causas tasadas de denegación, procedimientos transparentes, dotación de medios, formación digital, evaluación del impacto por género y garantías para que quienes teletrabajan no vean perjudicada su promoción profesional ni su participación sindical.
También es imprescindible que los informes de seguimiento no se limiten a ofrecer datos estadísticos, sino que permitan detectar desigualdades, corregir disfunciones y evaluar cómo se está aplicando el trabajo a distancia en cada ministerio y organismo.
FAC-USO insiste en que el trabajo a distancia debe formar parte de una Administración moderna, eficiente y socialmente justa. Pero para ello no basta con publicar informes: hace falta voluntad política, negociación colectiva y respeto a los derechos del personal público.
Desde FAC-USO seguiremos defendiendo un modelo de trabajo a distancia que combine calidad del servicio público, conciliación, igualdad, salud laboral, transparencia y garantías para todas las empleadas y empleados públicos de la AGE.
