El gobierno turco presidido por Erdogan acaba de ordenar el despido de otros 10.131 funcionarios más. El número total de funcionarios públicos despedidos o suspendidos de empleo, desde el fallido intento de golpe militar del 15 de julio, asciende a más de 100.000.
Los despidos afectan a 35 ministerios y agencias gubernamentales y, sobre todo, a los departamentos de salud, educación y justicia. En las instituciones educativas, las más afectadas, hasta ahora, por esta purga, las nuevas contrataciones pueden ser de carácter arbitrario, no basadas en criterios objetivos. Las personas despedidas tienen prohibido volver a trabajar en el sector público.
Esta última ola de despidos tiene relación con el anuncio dos nuevos decretos, en el marco de las disposiciones que regulan el estado de emergencia, adoptado por el Consejo de Ministros después del intento de golpe de Estado. Desde entonces se han aprobado un total de 10 decretos, muchos con consecuencias permanentes para la política, la economía y la sociedad del país. Las autoridades han procedido a bloquear sitios web de carácter social y conexiones internet VPN.
La semana pasada se ordenó la detención de 11 miembros del partido de la oposición, el HDP, después de que en mayo de este año se eliminara la inmunidad de 130 diputados elegidos democráticamente. El HDP ha anunciado que suspende sus labores parlamentarias. Las autoridades han ordenado el cierre de otras 15 agencias de noticias y más de 100 periodistas se encuentran hoy en la cárcel.
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, afirma: “La democracia se está convirtiendo en una completa farsa en Turquía. El gobierno está atacando las libertades fundamentales de expresión, asociación y asamblea e incluso está arrestando a diputados en ejercicio. El Presidente Erdogan vuelve a aprovechar la actuación de un puñado de personas sin escrúpulos que fracasaron en su intento de obtener el poder por la fuerza, como pretexto para eliminar los puntales básicos de la democracia. La CSI viene advirtiendo del riesgo de que Turquía se convierta en una dictadura. Los trabajadores y las trabajadoras de a pie están siendo castigados por pertenecer a una etnia determinada o por sus opiniones políticas”.
Con ocasión de del Consejo Ejecutivo extraordinario de la CES, que expresó su profunda preocupación al Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el Secretario General de la CSI, Luca Visentini, afirmó: “Turquía debe respetar los valores democráticos y las libertades sindicales consagradas en los convenios de la OIT y en las cartas de derechos humanos europea e internacional, y respetar el imperio de la ley. Condenamos el fallido golpe de Estado, pero no podemos aceptar que se destruya el sustento de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras y sus familias, en la mayoría de los casos sin la menor prueba”.
