FAC-USO exige a las Administraciones y a las empresas de los servicios públicos plantillas suficientes, medidas preventivas eficaces y participación sindical para proteger la salud de quienes atienden a la ciudadanía.
Este 8 de noviembre de 2026 se cumplen 31 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
FAC-USO reivindica que este aniversario se traduzca en mejoras en los centros de trabajo: reducir la sobrecarga, prevenir las agresiones, adaptar los puestos y garantizar unas condiciones laborales seguras.
El aniversario llega en 2026, declarado Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para nuestra Federación, ese compromiso debe poder comprobarse en cada oficina, juzgado, hospital, residencia y servicio público, con recursos y actuaciones que lleguen a las plantillas.
Las Administraciones también tienen obligaciones como empleadoras
La ley reconoce el derecho a una protección eficaz y establece expresamente el deber de las Administraciones de proteger al personal a su servicio.
Su artículo 16 exige que los riesgos detectados den lugar a una planificación preventiva con plazos, responsables y recursos, además de un seguimiento de su ejecución.
Por tanto, una evaluación que identifica problemas y permanece archivada deja pendiente lo fundamental: eliminar o reducir los riesgos.
La prevención debe formar parte de las decisiones sobre personal, organización del trabajo, instalaciones y equipamiento.
Esta reivindicación conecta con las alegaciones presentadas por USO para mejorar la normativa preventiva, en las que nuestra Confederación denuncia la distancia entre las obligaciones documentales y la realidad de los centros, y reclama reforzar los recursos preventivos e incorporar la perspectiva de género y edad.
Sobrecarga, agresiones y calor: riesgos que exigen respuesta
FAC-USO ya ha advertido de que las bajas sin cubrir y las plantillas insuficientes aumentan la carga de trabajo.
La presión sostenida y las exigencias emocionales deben abordarse desde la organización del servicio.
Desde USO insistimos en que los riesgos psicosociales deben evaluarse y gestionarse, con la misma atención que los riesgos físicos.
También reclamamos respuestas frente a las agresiones, las temperaturas extremas, la movilización de personas dependientes y las tareas repetitivas.
Las medidas deben atender a las características de cada puesto y de quienes lo desempeñan, incluyendo el envejecimiento de las plantillas y los riesgos de los sectores feminizados.
El descanso forma parte de esa protección.
Como venimos reclamando, la desconexión digital debe garantizarse en las Administraciones Públicas, mediante protocolos negociados y una organización que respete el tiempo fuera de la jornada.
Medidas con responsables, recursos y plazos
FAC-USO reclama actuaciones concretas:
- Evaluaciones actualizadas, también de riesgos psicosociales y ergonómicos, que reflejen las condiciones reales de trabajo.
- Plantillas suficientes y cobertura de bajas y vacantes, para reducir las cargas excesivas y garantizar los descansos.
- Medidas frente a las agresiones y los episodios climáticos extremos, con procedimientos de actuación, medios adecuados y apoyo a las personas afectadas.
- Adaptación de puestos y equipos, con perspectiva de género, edad y especial sensibilidad a determinados riesgos.
- Servicios de prevención con recursos suficientes, formación práctica y participación efectiva de los delegados y delegadas de prevención.
- Seguimiento en los comités de seguridad y salud, para comprobar qué medidas se ejecutan y si resultan eficaces.
Nuestra campaña «Accidentes laborales, lo que debes saber» forma parte de este trabajo de información y defensa de derechos.
Animamos a las plantillas a comunicar las situaciones de riesgo y trasladarlas a sus representantes de FAC-USO para exigir una respuesta.
Treinta y un años después, la mejor forma de defender la Ley de Prevención es hacerla efectiva.
Quienes sostienen los servicios públicos tienen derecho a trabajar con seguridad y salud.
